La profesora e investigadora Bioética Paulina Ramos Vergara, miembro del CEC en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UC y del Centro Bioética de la Facultad de Medicina UC, explica la importancia de la aprobación del proyecto de ley que reduce, de 10 a 4 años, la responsabilidad penal post procesos de experimentación clínica en medio de la pandemia del Covid-19.
La Universidad Católica, a través de su rector, Ignacio Sánchez, académicos UC y expertos de otras universidades, que conforman las mesas de trabajo Covid-19, solicitaron al presidente Sebastián Piñera, de forma “urgente”, la regulación de los estudios clínicos con vacunas, fármacos y dispositivos. A través, de un proyecto de ley que busca la modificación del Código Sanitario. El mismo que ya fue aprobado, de forma unánime, esta semana por los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Los integrantes de la Comisión acordaron consensuar con el Ejecutivo una indicación sustitutiva que mejore los aspectos que aborda el proyecto. Puntualmente, la solicitada por expertos UC con respecto a la modificación del artículo 111 del Código Sanitario, establecido tras la aprobación de la Ley Ricarte Soto en 2016, que otorga 10 años de responsabilidad legal para universidades y laboratorios que realizan experimentación clínica con personas.
Modificación solicitada
El cambio legal está siendo impulsado por la doctora Marcela Potin de la Facultad de Medicina UC; el doctor Alexis Kalergis de Ciencias Biológicas y Medicina UC; y la profesora, investigadora y experta en Bioética, Paulina Ramos Vergara, miembro del Comité Ético Científico en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UC; y del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina UC, frente a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y de Salud del Senado, y busca que los tiempos se reduzcan de 10 a 4 años, esto previo al inicio de la fase de experimentación con humanos que empezarán la Universidad Católica y el Laboratorio chino Sinovac Biotech desde agosto.
Para los expertos de la Universidad Católica, el tiempo establecido actualmente excede las normas éticas internacionales como CIOMS y Helsinki, en lo referente al régimen de responsabilidad civil.
“Estas barreras normativas han detenido en forma sustancial los estudios clínicos necesarios para lograr una mejor medicina con respecto a los pacientes. Se necesita hacer ciencia y desarrollo de innovaciones en la medicina y otros ámbitos, con pleno respeto a la dignidad y derechos de los participantes, modificando las actuales restricciones normativas”, comentó Paulina Ramos Vergara.
Por otra parte, también se solicita una modificación del artículo 28 de la Ley 20.584 de Derechos de los pacientes en sus atenciones de salud. Según la investigadora, esta norma “obedece al celo excesivo por proteger al discapacitado que no pueda consentir y produjo un efecto no deseado: los excluyó de la investigación, incluso las que dicen relación con su propia discapacidad”.
“Si esta fuera una norma con validez universal, se establecería el principio de la total y más completa ignorancia sobre esas patologías, condenando a los portadores de las mismas a no recibir nunca los beneficios del progreso científico y médico, del cual sí gozarían los enfermos, que, por ventura, no tienen una patología mental o cerebral causante de una discapacidad psíquica o intelectual que le impida expresar su voluntad”, concluyó Ramos.
Fuentes:
Créditos fotos:
- Paulina Ramos: Facultad de Medicina UC
- Vacuna: La Tercera (16/03/2020 Muestras de una de las vacunas contra Covid-19 que se someterán a ensayos clínicos POLITICA ASIA CHINA INTERNACIONAL XINHUA / ZHANG YUWEI)